Recientemente
tuve la oportunidad de leer una nota realizada por la periodista argentina Mara
Tomietto*, residente en Río de Janeiro, quien describe allí la lucha brasileña
contra la corrupción de funcionarios estatales en perjuicio de fondos públicos.
En su trabajo titulado ‘El héroe
brasileño es un juez’ describe el proceso judicial que se sigue por parte del
Superior Tribunal de Justicia brasileño a los funcionarios del Partido de los Trabajadores
(PT) que desviaron fondos estatales a fin de ser utilizados en campañas
proselitistas que tenían como consecuencia obtener las mayorías parlamentarias
para controlar el congreso de ese país. Vale agregar que dicho proceso finalizó
con prisión efectiva para varios de los ex dirigentes del PT.
* http://blogs.perfil.com/carioca/2012/10/09/el-nuevo-heroe-brasileno-es-un-juez/
Luego de leer el
artículo, inmediatamente me planteé si esa situación sería posible en nuestro
país. Es que resulta evidente que uno de los temas más preocupantes hoy en día es,
justamente, la independencia de nuestros magistrados para enfrentar
determinados casos en los que resultan involucrados ya sea intereses estatales
o grupos económicos de gran importancia.
Recordemos que
la división de poderes proclamada por nuestra Constitución Nacional en tanto válvula
de equilibrio y distribución del poder estatal entre los poderes ejecutivo,
legislativo y judicial tiene como efecto -o lo debería tener- que ninguno de ellos
avasalle a los otros dos, procurando que cada uno sea la máxima autoridad en su
ámbito.
Sin embargo, ese
equilibrio es, en realidad, un modelo ‘ideal’ ya que habitualmente los tres
poderes se encuentran en constante tensión, ampliando y retrayendo su ámbito de
acción. Lo cierto es que en nuestro país, y en buena parte de Latinoamérica, quien
suele ampliar en mayor medida y con mayor frecuencia el ámbito de su poder -ocupando
espacios propios de los demás poderes- es el Poder Ejecutivo. Quizás la propia
naturaleza de nuestros sistemas, de tono presidencialista exacerbado, tiene
esta consecuencia, pero lo cierto es que ello tiene directa incidencia en la mentada
independencia de nuestros magistrados.
Pero los
problemas que se plantean son algo más que sistémicos, ya que tienen eco en los
derechos de los ciudadanos. Así, como es habitual, donde mayor gravedad cobra esta
circunstancia es en el ámbito penal, donde -como ha dicho nuestro Máximo
Tribunal en numerosos precedentes- se encuentran en juego los derechos más sagrados
de los ciudadanos.
Por ejemplo,
en los últimos tiempos se han dado varios casos en los que mediante impulso del
poder político se pretendió destituir a magistrados penales por conceder
libertades legalmente procedentes.
Un caso
emblemático es el del Dr. Rafael Sal Lari –titular del Juzgado de Garantías nº 3
de San Isidro- quien fue suspendido de su cargo desde 2009 a fin de ser
sometido a un proceso de destitución mediante una acusación promovida por el
intendente de San Isidro Gustavo Posse junto a particulares, la cual fue luego
desistida por la imposibilidad de reunir una caución económica por parte de
estos últimos.
El magistrado
fue absuelto y restituido en su cargo, pero lo cierto es que fue apartado de su
cargo durante tres años simplemente por hacer cumplir la ley. Parecería que la
única finalidad que tuvo dicho proceso fue advertir a otros magistrados acerca
de los peligros de contradecir las opiniones del ejecutivo en temas como, por
ejemplo, la inseguridad y las garantías de los imputados.
Recientemente,
se ha producido otro caso similar respecto del Juez de Ejecución Penal de la
Capital Federal, el Dr. Axel López, esta vez en relación a la concesión de
libertades condicionales.
Estas graves
injerencias del poder político respecto de su par judicial considero que son
inaceptables e, inevitablemente, como se dijo, terminan influyendo en numerosos
magistrados que por temor a perder su trabajo –como lo sufriría cualquier
trabajador en cualquier ámbito- ven afectada su independencia e imparcialidad a
la hora de juzgar un caso, características indispensables para desempeñar la
magistratura.
Ya fuera del
ámbito penal, en nuestro país se avecina la resolución de una causa que pondrá
a prueba la independencia de nuestro poder judicial: El juzgamiento sobre la
alegada inconstitucionalidad de una serie de artículos de la ley de medios,
litigio entre el Grupo Clarín y el Estado Nacional ampliamente publicitado en
toda la prensa.
A todas luces resulta
una prueba de fuego para el Poder Judicial Nacional en tanto pocas veces se ha
observado el grado de presión de parte del ejecutivo nacional que se está
ejerciendo para con aquel magistrado que quede a cargo del caso. Y esta última
circunstancia –actualmente se encuentra vacante el cargo del juzgado que debe
intervenir- evidencia una irregularidad ostensible teniendo en cuenta la
intervención del poder ejecutivo en la selección de magistrados, sin duda una
cuenta pendiente de nuestro ordenamiento.
De todos
modos, y sin perjuicio de las consideraciones efectuadas, no pierdo la esperanza
de que los héroes argentinos –quizás emulando a sus pares brasileños- finalmente
resurjan y, sin importar lo que se resuelva, fallen lo que corresponda a su
conciencia y a su sano criterio racional sin dejarse llevar por los intereses
estatales o de grupos particulares ya que sobre sus espaldas reposa, en última
instancia, la validez y vigencia de todos nuestros derechos.
Dr. Federico A. Borzi Cirilli
www.estudioborzicirilli.com.ar 
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